En los últimos días, miembros del Partido Acción Nacional (partido de derechas mexicano) han creado un “espantapájaros” en torno a un supuesto incremento del impuesto predial en la Ciudad de México. Esta acusación se basa en una interpretación vulgar de la propuesta del proyecto del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) 2026.
Este instrumento de planificación territorial a gran escala propone ordenar el desarrollo espacial de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) con una visión a 2050. Una actualización necesaria, ya que su última versión es de 2012. El objetivo del POZMVM es atender las necesidades de una metrópoli de más de 23 millones de habitantes, abordar problemas estructurales y orientar el desarrollo económico y territorial a largo plazo. Se trata de un instrumento de coordinación metropolitana no vinculante (para quienes participan) que no modifica directamente los usos del suelo, ni crea impuestos ni tiene capacidades recaudatorias. Este sólo establece orientaciones, estrategias y proyectos para la región metropolitana. Como instrumento de planeación urbana busca producir y organizar el espacio para asegurar las condiciones y los servicios generales de producción (Garza, 2013), que permitan mantener los procesos de acumulación del capital como los de reproducción social. Creando una organización espacial distinta a la actual, junto con sus procesos de valorización del suelo y su distribución de beneficios.1
Específicamente, el proyecto del POZMVM esboza cuatro ideas centrales a futuro: pasar de una metrópoli expansiva a una compacta; de una ciudad monocéntrica a una red policéntrica; de una visión administrativa de la ZMVM a una visión ecológica de cuenca, así como crear mecanismos permanentes de gobernanza metropolitana.
Para ello, se plantean seis ejes estratégicos (regeneración urbana, fortalecimiento agroecológico y biocultural, igualdad socioespacial, desarrollo económico policéntrico, movilidad, refuncionalización y crecimiento urbano planificado, e impulso a un nuevo modelo de gobernanza metropolitana); que incluyen 39 líneas de acción; 68 proyectos estratégicos divididos en cuatro categorías (metrópoli esponja, metrópoli de proximidad, metrópoli resiliente y metrópoli de derechos), y una extensa agenda metropolitana de 136 proyectos.
Para hacer esta agenda viable, el POZMVM propone diversos instrumentos de tipo jurídico, administrativos, fiscales, financieros y de ordenación del territorio que pueden ser implementados por los distintos niveles de gobierno. Esto se debe a que los recursos presupuestarios ordinarios difícilmente serían suficientes para financiar, por sí solos, una transformación metropolitana de esta magnitud. Además, este tipo de propuestas son componentes habituales dentro de la planificación territorial de gran escala. De lo contrario, un programa puede quedar en letra muerta al convertirse únicamente en una colección de buenos propósitos sin herramientas para su ejecución.
El proyecto del POZMVM ha despertado críticas maliciosas por parte de sectores de la derecha, que no se han centrado en los objetivos generales (como la mejora de la movilidad, el acceso al agua o la reducción de la contaminación) sino en algunos de los instrumentos que se proponen para su posible implementación. La oposición se basa en el argumento hipotético de que afectaría al patrimonio familiar, a la propiedad privada y a la economía familiar (sic).
De entrada, esta lectura vulgar del programa se difundió rápidamente en redes sociales y fue amplificada por los medios de comunicación masivos. Lo anterior llevó a la SEDATU y al gobierno de la Ciudad de México a aclarar públicamente que el POZMVM no crea nuevos impuestos ni los aumenta.
Para entender por qué no implican incrementos impositivos, es necesario resaltar el orden jurídico en México. Este programa, como todos los de ordenamiento territorial, no puede crear ni modificar atribuciones constitucionales que son de competencia municipal y estatal, de incorporar algo así sería ilegal.2 Lo que sí incorpora, son propuestas para financiarlo, como líneas de instrumentación relacionadas con el fortalecimiento catastral y mecanismos de recuperación de plusvalías, así como el fomento del uso de suelo baldío o subutilizado. La aplicación de estas propuestas requeriría decisiones posteriores de los congresos locales y de los gobiernos estatales o municipales.
De hecho, la propuesta del propio programa plantea como primer paso celebrar acuerdos de colaboración administrativa para que sean los estados quienes ejerzan las funciones recaudatorias del predial (SEDATU, 2026, p.174). Esta medida sencilla mejoraría la recaudación (dada los problemas municipales en la recaudación) y permitiría poner en marcha muchos proyectos de corte local. Este tipo de convenios es algo que incluso Think Tanks de orientación liberal-conservadora promueven para mejorar la recaudación estatal, junto con la actualización administrativa de sus registros catastrales (IMCO, 2023).
En una fase posterior, como una de opción a futuro entre muchos instrumentos sugeridos, plantea la posibilidad de aproximar los valores catastrales a los precios del mercado inmobiliario. Al igual que crear un fondo metropolitano que permita canalizar esos recursos hacia proyectos del mismo programa.
Este hipotético futuro es justo a lo que el PAN se opone. Su oposición no surge porque el POZMVM aumente el día de hoy el impuesto predial.3 Surge porque el POZMVM abre la discusión sobre instrumentos de financiación urbana, actualización catastral y recuperación de plusvalías de la renta del suelo que eventualmente pueden aplicar los gobiernos locales. En consecuencia, la verdadera objeción no es técnica ni jurídica, es distributiva: ¿quién debe financiar las inversiones necesarias para construir una metrópoli más sostenible, integrada y equitativa? Y también ¿quién se beneficia del actual modelo de desarrollo urbano desordenado, fragmentado y desigual? Por lo que debe de leerse esta oposición desde la economía política urbana.
En caso de una actualización de la base catastral vinculada a los valores del mercado inmobiliario, el impacto sería previsiblemente mayor en los sectores de altos ingresos. Sectores que poseen inmuebles de mayor valor (y un mayor número) y donde suelen observarse las diferencias más amplias entre valor catastral y valor comercial. El impacto final, además, dependería del diseño fiscal de las tasas impositivas del predial (no de su valor base) y de los mecanismos de progresividad que se adoptaran. Esto reafirma que la discusión es distributiva y una disputa de clase.
El conflicto distributivo no puede separarse de su dimensión ideológica. Es decir, la oposición muestra una clásica operación discursiva de derechas al presentar la discusión en términos abstractos de defensa del “patrimonio familiar”, sin distinguir entre pequeños propietarios y grandes propietarios, ni entre estos y los grandes beneficiarios de procesos extraordinarios de valorización del suelo, ni entre niveles de ingresos. Es decir, es una defensa de las relaciones de propiedad y de tributación, que han permitido la apropiación de las rentas urbanas por sectores que concentran la propiedad inmobiliaria y del suelo. Son los que se han beneficiado de los incrementos extraordinarios del valor del suelo4 que se generan, en parte, por inversiones públicas e impactos colectivos que no dependen de acciones individuales (Jaramillo, 2009).
En los últimos años se ha vuelto lugar común observar en muchas ciudades de México una demanda simultánea de mayor dotación de agua, mejor movilidad y mejoras del espacio público, entre otras demandas, mientras que se muestra resistencia a los mecanismos que fortalezcan la capacidad financiera de los gobiernos locales para realizar dichas mejoras. Siendo una enorme debilidad de estos gobiernos, pues en comparación con con países desarrollados y de la región, México tiene una recaudación del predial sumamente baja.
Las posiciones de la derecha tradicionalmente buscan que estas mejoras se hagan sin incrementos en los impuestos, especialmente los que graven más a los ricos, y si suceden que sean tasas impositivas planas (no diferenciadas) que graven lo mismo a una persona de escasos recursos y a un millonario. Igualmente, y de ser posible, buscan que las mejoras se realicen con la privatización de los servicios y espacios públicos, para que formen parte de un negocio particular. Este tipo de propuestas de la derecha, de privatización de servicios urbanos, encaja en los mecanismos que, según David Harvey (2004 y 2007), generan una “acumulación por desposesión”, al transformar los bienes públicos en fuentes de renta privada.
Finalmente, merece una mención especial el que algunos desarrolladores inmobiliarios se opongan a la mención de instrumentos de instrumentos de control del suelo, ya que consideran que sentarían las bases que permitirían su posterior incorporación en leyes y programas locales. Específicamente, se oponen a los que implicarían un gravamen sobre la propiedad ociosa, que combate la especulación inmobiliaria, y a los relativos a la captura de valor, como los cobros por cambios del uso de suelo o mayores capacidades de construcción.
Estos instrumentos que son comunes en países desarrollados ya han enfrentado anteriormente oposición en la incorporación de leyes y programas en México. Un ejemplo claro fue la controversia generada por la incorporación del término “captura de plusvalías” en la Constitución Política de la Ciudad de México en 2017, que evidenció la oposición estructural de los sectores inmobiliarios a cualquier mecanismo que redistribuya parte del valor generado colectivamente.
Lo anterior es relevante en el contexto amplio de la financiarización de la vivienda. Puesto que evidencia que cualquier intento progresista de atajar la cuestión de la vivienda en México se topará con la oposición de importantes sectores empresariales inmobiliarios, aunque afecte negativamente a los habitantes de las ciudades.
En conclusión, la oposición a los instrumentos del POZMVM revela una defensa del actual régimen de renta del suelo y, al mismo tiempo, una disputa de clase por la producción del espacio urbano del futuro. Ambas dimensiones forman parte de una misma lucha por el derecho a la ciudad.
Referencias:
Garza, Gustavo. (2013). Teoría de las Condiciones y Los Servicios Generales de Producción. México: El Colegio de México.
Harvey, David. (2004). El nuevo imperialismo. Madrid: Akal Editores.
Harvey, David. (2007). Breve historia del neoliberalismo. Madrid: Akal Editores.
Instituto Mexicano para la Competitividad. (2023). Catastros municipales: diagnóstico y recomendaciones para su fortalecimiento. https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2023/06/CatastrosMunicipales_Diagnostico_20230622.pdf
Jaramillo, Samuel. (2009). Hacia una teoría de la renta del suelo urbano. Bogotá: Ediciones Uniandes.
Lefebvre, Henry. (2013). La producción del espacio. Madrid, España: Capitán Swing.
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2026). Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM).
Notas:
Canadevi ve riesgos en redacción del Plan de Ordenación Metropolitana; pide cambiarla. (2026, 14 de octubre). El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/canadevi-ve-riesgos-en-redaccion-del-plan-de-ordenacion-metropolitana-pide-cambiarla/
Brugada niega presunto incremento al predial en CDMX. (2026, 12 de octubre). Milenio. https://www.milenio.com/politica/brugada-niega-presunto-incremento-predial-cdmx
México recauda menos de 0.4% del PIB por Predial; OCDE, FMI y BM ven margen para elevarlo. (2026, 8 de octubre). El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/economia/mexico-recauda-0-4-pib-predial-ocde-fmi-bm-ven-margen-elevarlo-20261008-837738.html
PAN en CDMX anuncia amparos contra plan metropolitano. (2026, 12 de octubre). El Heraldo de México. https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2026/10/12/pan-en-cdmx-anuncia-amparos-contra-plan-metropolitano-906698.html
Promoverá PAN amparos contra el “predialazo”; advierte 9 riesgos como aumento a tarifas. (2026, 12 de octubre). Crónica. https://www.cronica.com.mx/nacional/2026/10/12/promovera-pan-amparos-contra-el-predialazo-advierte-9-riesgos-como-aumento-a-tarifas/
Sedatu ajustará proyecto de ordenamiento urbano en el Valle de México; descarta un “predialazo”. (2026, 12 de octubre). La Jornada. https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/10/12/capital/sedatu-ajustara-proyecto-de-ordenamiento-urbano-en-el-valle-de-mexico-descarta-un-predialazo
La planeación llevada a cabo por el Estado es un componente indispensable para la producción del espacio dentro del capitalismo (Lefebvre, 2013), donde la valorización de la renta del suelo constituye un mecanismo central de apropiación privada del valor socialmente producido (Jaramillo, 2009).
De acuerdo con el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son los municipios quienes pueden recaudar el predial y las tasas correspondientes las establecen las entidades federativas.
El POZMVM no constituye una ley ni un reglamento y, por sí mismo, no modifica el régimen de atribuciones de los gobiernos locales. Se trata de un instrumento de planeación y coordinación metropolitana que establece lineamientos, estrategias y proyectos para la ZMVM. Se sustenta en los artículos 115, fracción VI, y 122, apartado C, de la Constitución, así como en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Por lo tanto, no altera por sí mismo las facultades constitucionales de los municipios ni sustituye las atribuciones que la Constitución les confiere en materia hacendaria, administrativa y de planeación urbana.
La renta del suelo es una forma de apropiación privada de valor socialmente producido. La oposición al predial progresivo es, en realidad, una defensa de esta estructura de renta.